La fiscalía pide 16 meses de cárcel para los padres que agredieron a una maestras en una escuela.


Un año y cuatro meses de cárcel, además de multas e indemnizaciones superiores a 6.o40 Euros, es la pena que pide la fiscalía de Barcelona para los padres de una alumno que presuntamente agredieron y amenazaron de muerte al conserje y dos maestras de la Escuela  Eduard Marina.

Se trataría del primer caso, de agresión a profesores en Cataluña, que se trata judicialmente  como atentado a funcionario público (delito) y no como una simple falta.

Los hechos habrían ocurrido el 11 de octubre de 2006, en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Eeduardo Marquina, cuando los padres de un alumno de 4 años, al prohibírsele la entrada ante la su reiterada negativa a abonar los 5 euros mensuales del servicio de acogida en la escuela de 0830 a 0930.

Según las conclusiones provisionales de la fiscalía   Juan V.A. y Montserrat M.G. amenazaron de muerte a la directora, María Dolores C.Q., a la jefa de estudios, Gloria Z.B., y a la conserje, Carmen P.R, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso Europa Press.  Montserrat amenazó de muerte a la directora, mientras el Juan V.  le animaba. Más tarde repitieron la acción con la jefa de estudios, a la cual Montserrat cogió por el cuello y le agarró por el brazo dándole empujones.

Más tarde la conserje y su hijo fueron increpados y amenazados por Montserrat por llamar a la policía.

Posteriormente volvieron al centro y amenazaron e insultaron a otros profesores.

Como consecuencia de todo esto,  la Jefa de Estudios ha sufrido una  crisis ansioso-depresiva que necesitó asistencia médica, baja laboral, terapia farmacológica y tratamiento psiquiátrico.

Mientras que la conserje, experimentó síntomas de ansiedad que incrementaron sus patologías respiratorias y disgestivas, provocando su baja laboral.

La fiscalía ha pedido por atentado a funcionario público  una penas de 16 meses de prisión para cada uno de los padres junto con indemnizaciones que suman 6580 Euros, mientas que el departamento de educación de la  Generalitat que se personó como acusación particular pidió 2 años de cárcel y multas que superan los 2340 Euros, además de las indemnizaciones que se determinen para cada una de las afectadas.

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