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| El SIDI DENUNCIA EL ESPALDARAZO DEL GOBIERNO REGIONAL A LA ENSEÑANZA PRIVADA |
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El pasado miércoles
se celebró la Mesa de la Educación Concertada de la Región en la
que se dio el visto bueno a la nueva orden por la que se establece el
procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos
educativos para el período comprendido entre los cursos escolares
2017/18 a 2022/23 para los centros de titularidad privada pero
sostenidos con fondos públicos. De esta forma se vuelve a beneficiar a la educación privada frente a la pública , en este caso se amplían los convenios a un periodo de seis años, de tal forma que se garantiza la estabilidad económica y laboral del colectivo afectado, cuestión que no sucede en los centros públicos que no saben cuál será su dotación económica ya que puede verse afectada por ajustes entre partidas; además el colectivo de interinos de la educación pública no tiene estabilidad alguna por lo que las plantillas de los centros cambian de un año para otro, llegando en algunos casos al 75% ( ¿porque no tiene este gobierno el mismo trato con sus trabajadores interinos de la educación pública dotándolos de la misma estabilidad?). Por otro lado además se blinda a estos centros a que pudiera llegar un nuevo gobierno a la Región y no puedan hacer modificación alguna ya que el periodo de vigencia es de seis años, en lugar de los cuatro anteriores coincidentes con el mandato político; creando además la incertidumbre de que las subvenciones podrían ser revisadas y revocadas por el nuevo Gobierno, como de hecho sucede en la Comunidad valenciana (ante estos precedentes ¿porque este empeño en publicar una ley que puede ser revocada en un futuro, con los gastos extra que ocasionaría?). Además y como novedad, se permite también el acceso o ampliación del régimen de conciertos de las enseñanzas de Formación Profesional y Bachillerato, lo que supondrá el derivar alumnos que actualmente cursan sus estudios en centros públicos a los centros privados, con el consiguiente cierre de unidades y supresión de profesorado que este hecho podría ocasionar; tampoco se contempla en los presupuestos de la comunidad por lo que cabría la posibilidad de que se produjera un desvío de fondos públicos a centros privados (si actualmente existen suficientes plazas, ¿porque crear un problema donde no lo hay ofertando más plazas de las necesarias?) Un día tras otro vemos como desde este gobierno se tiene en más consideración a la enseñanza privada que a la pública, constatándolo en estos últimos hechos y como en los presupuestos de la Región se ha aumentado a 224 millones de euros, tres más que el pasado año con 221 millones, la dotación a este tipo de enseñanza. POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
La Junta Directiva 20/01/2017
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